Los docentes tendrán “derecho” al respeto de los estudiantes y las familias

M. PLANELLES

La Consejería de Educación pretende reforzar la autoridad y el respeto a los docentes a través de la reforma que está preparando de los reglamentos de organización de los centros. “Nos estamos mojando a favor del profesorado”, dijo ayer la consejera de Educación, Mar Moreno, en referencia al debate abierto sobre este asunto. La Comunidad de Madrid pretende que los maestros y profesores estén reconocidos en su normativa autonómica como “autoridad pública”, lo que supone que las agresiones a los docentes sean consideradas como atentado. Andalucía no llegará tan lejos. Pero sí “promoverá ante la fiscalía la calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan contra el profesorado” cuando esté trabajando. Los fiscales andaluces llevan tiempo aplicando esta medida en el caso de docentes y personal médico. (more…)

La Generalitat Valenciana cuenta con 185 colegios para alumnos de 0 a 6 años. Los concertados y los de pagos suman 321

La educación de los más pequeños todavía es territorio de los colegios privados, y la Comunitat Valenciana es buen ejemplo de ello. Los centros de Educación Infantil (etapa de 0 a 6 años, aún no obligatoria) siguen estando mayoritariamente en manos de empresas y de la Iglesia Católica.

Según se desprende de la estadística oficial de la Conselleria, el curso 2009/2010 ha empezado para los alumnos de Infantil con 185 centros públicos específicos de este ciclo, frente a los 321 que suman los concertados y privados. (more…)

Las familias deberán explicar el pacto a sus hijos y acudir a las entrevistas que plantee el centro

La Generalitat quiere reforzar los contactos entre familias y maestros para mejorar el rendimiento escolar. El Departamento de Educación ha enviado una propuesta a las asociaciones de padres que recoge algunos compromisos que deberán aceptar las escuelas y las familias. Estos compromisos se recogerán en una especie de contrato que firmarán las partes cuando un alumno entre en un centro escolar.

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La organización no gubernamental Asamblea de Cooperación por la Paz en Cantabria organiza actividades de Teatro Fórum, con representaciones dirigidas a escolares y centradas en la resolución de conflictos, dentro del programa de educación en valores ‘Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo’ (ESR, EPD).

El objetivo es que los estudiantes propongan y escenifiquen posibles soluciones a los conflictos representados, piensen por sí mismos y hagan así del teatro una herramienta de transformación social.

La técnica del Teatro Fórum consiste en la representación de un conflicto al que el público ha de buscar soluciones, que después un alumno escenifica adoptando el papel del personaje que más errores comete.

Las piezas son diferentes según el nivel educativo. Las temáticas más comunes son el abuso de todo tipo (malos tratos, racismo, bullying, ciberbullying) y el VIH/SIDA. Son los profesores los que seleccionan la temática que les interesa tratar.

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EL ministro de Educación ha lanzado el debate sobre la posibilidad de ampliar la enseñanza obligatoria hasta los dieciocho años. Aunque puede servir como ejercicio académico para la discusión de los expertos, Ángel Gabilondo actúa ahora como máximo responsable del departamento y debería concretar cuanto antes el contenido de esta sorprendente iniciativa. Hay demasiados problemas pendientes en el sistema educativo español, incluidos algunos tan graves como la calidad de la enseñanza, el fracaso escolar o la violencia en las aulas. En este contexto, carece de sentido plantear una opción poco realista, que exige un consenso político y unos recursos humanos y financieros difíciles de alcanzar a día de hoy. Es verdad que hay algunos ejemplos en los países de nuestro entorno, como es el caso de Portugal, pero en la mayoría de Europa el umbral de esta enseñanza obligatoria se sitúa en los dieciséis años. La comunidad escolar ha reaccionado con escepticismo y también con rechazo ante la propuesta ministerial. Ni las familias españolas ni los centros educativos, ya sean públicos, concertados o privados, están en condiciones de afrontar un reto cuyos resultados distan mucho de estar garantizados. Incluso hay quien opina que se trata de una nueva ocurrencia del Ejecutivo para distraer la atención o -peor todavía- que la finalidad última es maquillar los datos del paro al retrasar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

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